Los independentistas pretenden hacernos creer que en las comunidades bilingües defender la lengua que se habla en tu región es incompatible con sentir como propia la lengua común, la española, como si ésta fuera foránea -extranjera diríase-, como si quisieran que no fuera de tu tierra.
Esto es un absurdo, provocado aposta, con base en un concepto falso de cómo son las cosas y que forma parte del debate estéril al que nos quieren llevar por esta vía de la ruptura, que tanto daño le está causando a nuestra sociedad.
Con el envoltorio del tema de la lengua, los secesionistas han embaucado a mucha gente de bien para que vean de buen grado todo cuanto está pasando o, al menos, no lo vean con rechazo. Esto ha de hacernos reflexionar.
Nunca en la historia de España la lengua catalana ha sido tan promocionada y protegida por las administraciones públicas españolas como en nuestra época democrática reciente. Si no me creen revisen los presupuestos de la Generalitat. Y hagan lo mismo con los del Govern Balear.
Sumen así los millones de euros dedicados a la promoción del catalán en Educación, en Cultura, en actividad exterior, etc. Súmenle también los presupuestos de las cadenas públicas de radio y de televisión, de todos los canales, de TV3 y también de IB3. Podrán comprobar la friolera de la cifra, cientos de millones de euros (no exagero), dedicados desde hace más de treinta años a promocionar la lengua catalana. Y súmenle las partidas del sector público instrumental, que han dedicado también millones de euros a estas finalidades. La cifra da miedo, es multimillonaria. Por eso digo que no hay persecución del catalán, sino todo lo contrario: desde las instituciones ha habido y hay un fomento de esta lengua, de forma abrumadora.
En el parlamento catalán en octubre de 2017 los independentistas se quitaron la careta. El tira y afloja permanente entre la autonomía catalana y el Gobierno ahora ya sabemos que no era para conseguir mejor financiación, sino que era parte de un proceso para romper España. A los hechos me remito, pues los independentistas han saltado fuera de la Constitución y fuera de la Ley, entrando de lleno en el Código Penal. Y ante esto no caben equidistancias de la gente de bien, de los demócratas, pues se ha levantado el velo de celofán que es el tema de la “lengua” como excusa para todo lo demás; y ya sufrimos la realidad.
Los burgueses secesionistas, los populistas y muchos progresistas hablan de una mal entendida falta de violencia en sus actuaciones. Me sorprende enormemente, pues es evidente que la realidad es otra muy distinta. Convocar una consulta ilegal, a sabiendas, llamando a las masas a participar en contra de lo ordenado por los Tribunales, es un claro acto de violencia contra el Estado. Lanzar el proceso de secesión de España, chocando frontalmente con el Estado de Derecho y quebrantando la Carta Magna y las Leyes, es violento. Hacerlo cuando los Letrados de la administración han avisado de las ilegalidades que se estaban realizando y persistir en su decisión de vulnerar la Ley, esto es -en mi opinión- muy violento.
Prevalerse de la condición de cargos electos de un parlamento regional, aprovechándose precisamente del Estado de Derecho que pretenden eliminar y hacerlo con cargo a los recursos públicos de todos los españoles, le añade a la transgresión la condición de abuso.Imaginen las reuniones de los políticos proindependencia con los Letrados de la administración, sometiéndoles a presiones que van más allá de lo tolerable, señalándoles después como “traidores” a esa supuesta “causa superior” cuando informaban de lo evidente, es decir, de que estaban haciendo algo ilegal.
Parece que hay que recordar ahora más que nunca que, en derecho penal, se incluyen en el concepto de violencia las actuaciones de violencia verbal y también las de violencia psicológica. Es decir, no hace falta dar un mamporro para considerar que hay violencia.
Desde hace años han creado todo un entramado de entidades civiles con la finalidad de romper España. Una red de entidades con la que han ido copando las subvenciones y ayudas públicas, camuflando bajo el barniz cultural y de supuesta defensa de la lengua catalana, lo que realmente eran fines secesionistas.
Convocaron, a través de asociaciones de padres de alumnos, a padres y niños a dormir en los centros escolares, para luego hacer muros humanos frente a la fuerza pública, aún sabiendo que tenían el mandato de retirar el material de la consulta ilegal. Esto sí que es tremendamente violento. Me pregunto: ¿qué tendrán estos padres en la cabeza para convocar esas "acampadas" con los niños? Para mí este es el hecho más brutal de los que han ocurrido.
Cortar el tráfico en una autopista, ocupando los viales e impidiendo el libre tránsito de personas y mercancías, es un acto de violencia. Hacer lo mismo con el servicio del tren de Alta Velocidad AVE, saltando a las vías del tren, es también violento.
Impedir el trabajo de una Comisión Judicial con muros humanos de "resistencia pasiva" en la puerta, es tremendamente violento. Destrozar vehículos de los cuerpos de Seguridad del Estado también es violencia. Llevarse las armas que estaban dentro de los vehículos (aunque luego se consiguieran recuperar), es impresentable.
Rodear las instituciones para impedir el acceso de los cargos electos, representantes de los ciudadanos, es violentar la libertad democrática. En el mismo sentido al bloquear accesos a lugares públicos con maquinaria pesada o colocando bloques de hormigón tipo "newjerseys".
Entrar en tumulto en las autopistas para obligar por la fuerza a que se abran las barreras de los peajes, también es violencia. Realizar actos de vandalismo callejero, de kale borroka, romper mobiliario urbano o quemar contenedores, es violencia. Impedir por la fuerza de la revuelta que los negocios abran, también es violencia.
De los informes de la fuerza pública, la Guardia Civil ha identificado y concretado más 315 acciones violentas. Los Mossos de Escuadra las cifran en 259.
Y por si todo lo anterior les pareciere poco, hay que recordar que también ha habido violencia física por parte de los secesionistas anticonstitucionalistas. Más concretamente, el Auto del Juez del Tribunal Supremo menciona pormenorizadamente hasta 21 agresiones físicas a policías y guardia civiles, describiéndolas una por una. Por desgracia esta es la realidad.
Y piensen que en Baleares ya están aquí. Llevan lazos amarillos en sus solapas y convocan actos de apoyo a todo cuanto he descrito. Y piden un referéndum para 2030.
Son violentos. Que no nos engañen.