La sociedad civil dice basta

Artículo que me publicó el periódico El Mundo de Baleares el 16 de febrero de 2018

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http://www.elmundo.es/baleares/2018/02/16/5a86b9f7268e3e681c8b4593.html

Texto:

Los diferentes partidos de las izquierdas de Baleares se han reunido, llamando a los medios, para hacer público que están de acuerdo en una cosa: no dejarán que el Partido Popular vuelva a gobernar en Baleares tras las elecciones de 2019, cita electoral para la que falta más de un año, lo que es una eternidad en política pues pueden pasar -y pasarán- muchas cosas.. Como diría Don Juan en El Tenorio “¿tan largo me lo fiáis..?”.

Ya es notoria la mala gestión del III Pacte de Progrés balear: el gasto público está desbocado, solo mitigado porque en época de bonanza se recauda más. Pero recuerden estas líneas cuando nos vuelvan a pasar la factura pues no valdrán entonces los lamentos. Su medida estrella, la EcoTasa, sigue sin aplicarse de manera correcta, sustentándose básicamente en el sector hotelero, en contra de lo prometido en su día por el Pacte en relación a los alquileres turísticos. Los barracones y los malos resultados en el sistema educativo siguen estando ahí, aunque pareciere que hay paz pues los movimientos del sector son favorables a las izquierdas. Estigmatizan al sector turístico que nos da de comer, pero acuden a las ferias para promocionar las islas, toda una contradicción de la que el Pacte es incapaz de salir. Decretan moratorias de todo tipo, que tan caras nos salen luego cuando tenemos que pagar las indemnizaciones que dictan los Tribunales; lanzan prohibiciones propias de partidos intervencionistas, terrazas incluidas; sin olvidar que nos han subido de forma general tanto los impuestos como las tasas públicas.

Si todo esto les pareciere poco, sepan que el Pacte ha decidido ir más allá y abrir la caja de Pandora. Han sacado a pasear el tema de la lengua, con el decretazo del requisito del catalán para el acceso al ejercicio de la Sanidad Pública en Baleares, provocando otro despropósito. Y ello incluso a pesar de saber que ninguno de los cinco gerentes de los hospitales públicos de la red sanitaria balear que ha puesto el Pacte apoyan esta decisión, además de conocer el rechazo social que esta medida provoca. Pero ahí siguen, erre que erre.

Cuando se rasca un poco en el tema se ve claramente que todo esto lo empuja un grupo político, Mes per Mallorca, que recodemos representa a un escaso 13% de los votantes de Baleares y tiene tan solo 6 escaños, a los que se añaden los otros 3 de su hermano menor (en votos y afiliados) Mes Per Menorca. Y así estamos en Baleares, con un grupo político que representa a una minoría social y política y que, sin embargo, condiciona la vida de las Islas como si de una fuerza mayoritaria se tratare.

Recuerden que este partido político es el que hace público su apoyo expreso a los golpistas secesionistas de Cataluña. Es este partido el que propone un referéndum en Baleares en 2030 para decidir abandonar España y anexionarse a los mal llamados "Països Catalans". Es el partido que reclama la creación de unos Mossos de Esquadra a la balear, a imagen y semejanza de los catalanes. Recuerden que es el partido del actual alcalde de la ciudad de Palma, que fue pillado diciendo claramente "estoy de España hasta los putos cojones.." (el vídeo en internet no tiene desperdicio). Estas cosas no están gustando incluso entre los tradicionales militantes del núcleo del PSM   -de la coalición de Mes per Mallorca-, que son gente de raíces mallorquinas y baleares, de reconocida presencia social, que en nada están de acuerdo ni con estas ideas ni con la forma de hacer, ni de decirlas.

Ante todo esto la actual presidenta, miembro (¿"miembra"?) del partido socialista, se deja hacer sin queja alguna con tal de aguantar en la poltrona. Sí, lo hace a cambio de mantener este gobierno cogido con pinzas que conforman estos reinos de taifas, amalgama variada y variopinta, con nula capacidad de comunicación entre ellos en el día a día de la gestión. Los podemitas, separándose de las inquietudes de buena parte de sus votantes, también siguen esta línea dando apoyo al Pacte en el Parlament. Es por eso que le dan tanta importancia al hecho de ser capaces de mostrar y exteriorizar su acuerdo en una cosa: no quieren que el PP vuelva a gobernar en Baleares. Todo un concepto de "alta política de Estado", valga la ironía.

Al dejar claro que no quieren al PP gobernando en las instituciones, incluyen la mención a Ciudadanos, pues las encuestas que se van publicando revelan que la suma de votos de PP y C's podría ser suficiente para gobernar en coalición y dar al traste con el deseo del Pacte de izquierdas balear de conseguir gobernar dos legislaturas seguidas.

Con todo esto encima de la mesa recuerden una cosa: ahora más que nunca es cuando hace falta músculo político. Hay que hacer frente a estas políticas de las izquierdas del III Pacte de Progrés balear. Y para tener músculo y fuerza en política solo cabe una cosa: la fuerza de la gente, la fuerza de los votos.

La sociedad balear, tranquila por definición, ya se ha dado cuenta y se está movilizando con ímpetu ante tanto desaguisado. Con la fuerza de la tramuntana menorquina ha llegado el movimiento de la sociedad civil #MosMovem. Y lo hace para quedarse.

Como dijo Leonard Cohen "a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado". Yo lo tengo claro, estaré en la manifestación de este domingo a las 12 en la Plaza de España de Palma. Porque las lenguas no salvan vidas.

El catalán como requisito en la sanidad

Artículo publicado en el periódico El Mundo de Baleares el 27 de enero de 2018



http://www.elmundo.es/baleares/2018/01/27/5a6c5337468aebd9108b4578.html



De forma periódica y repetida en el tiempo los gobernantes de la progresía Balear se lanzan a exigir que los profesionales del mundo sanitario, que están aquí en Baleares, se adapten al requisito de tener reconocido un nivel de catalán si quieren quedarse a trabajar en la sanidad pública.

Al tiempo que hacen eso, se inventan procesos “transitorios” -de más o menos corta duración- que excepcionan al personal sanitario de cumplir con ese requisito que ellos mismos se han preocupado en exigir. Es decir, un absurdo.

Parece como si cada vez les dieran una “última oportunidad”, sin caer en la cuenta de que cada vez acaban haciendo lo mismo. Es como el día de la marmota.

Y así están, de forma reiterada se dedican a aplicar la excepción a la norma general -que es para ellos el exigir el catalán- para salvar los muebles, decidiendo que habrá excepciones para no exigirlo en algunos casos, como si eso fuera una “dávida” o un gesto “generoso” del gestor político.

Bien saben que lo que realmente pasa es que no les queda más remedio, porque sino dejarían sin servicio muchas especialidades y servicios. Pero eso sí, cada vez añaden la coletilla de que “de ahora en adelante ya todos habrán de tenerlo” y por tanto, sí o sí habrán de sacarse el pertinente título.

El motivo de que esto ocurra cada vez es claro: los gestores de la progresía balear ven la cuestión del personal sanitario como si fuera algo estático, fijo, lo que evidentemente es un error manifiesto. Y es que la realidad no es estática, sino dinámica. Y me explico.

Es por todos conocido que en la sanidad balear hay dificultades para cubrir las plazas pues no hay personal local, de las islas, para cubrirlas. Esto, que es complicado en Mallorca, deviene una tarea enormemente dificultosa en las dobles insularidades de Menorca e Ibiza y en la triple insularidad de Formentera.

Por eso cada convocatoria de plazas ha de hacerse mirando de atraer personal formado de otras Comunidades Autónomas, o dicho más claro, de las otras regiones de España. Y aquí está el primer impacto de este problema.

El estudiante de la sanidad, en sus diferentes ramas de medicina, enfermería, técnicos sanitarios, auxiliares, etc., que estudia en otras regiones y que está acabando sus estudios, cuando alza la mirada para ver qué futuro puede labrarse en España, en ese momento comprueba que, para poder presentar la instancia y cubrir una plaza en Baleares, resulta que le exigen un título de un idioma que les es totalmente desconocido en la mayoría de los casos. Es evidente que en ese momento su decisión, que va a condicionar su carrera profesional y también nuestra sanidad balear, será la de priorizar las otras opciones en las que no le pidan este requisito. Esto es obvio.

Sin embargo la Consellera, sin rubor alguno, afirmó que no le constaba que el catalán hubiera sido motivo de que nadie dejara de optar a una plaza en Baleares. Huelgan comentarios a tal falta de la verdad.

Otro momento importante donde este requisito es de nuevo un problema grave y, por tanto, acaban saltándoselo los propios políticos del Pacte que lo imponen, es cuando hay que acudir a contratar los refuerzos de temporada, al ser nuestra comunidad tan estacional en su llegada de turistas, con la multiplicación de la población flotante que ha de ser atendida. O los momentos de las epidemias anuales, como es la gripe cada invierno. También se ven obligados en estos casos a hacer cambalaches para “saltarse” la norma del requisito del catalán mediante absurdas excepciones para así poder atender la demanda.

Incluso más, sepa el lector que ante los casos de inminente jubilación de profesionales ya bregados y expertos en sus especialidades, se tantea a personal de la península de acreditada carrera profesional consolidada y en disposición de cambiar su ciudad de residencia por Baleares. Y es aquí cuando de inmediato surge de nuevo el problema: no tienen el nivel de catalán exigido. Eso provoca que al final la plaza sea cubierta por facultativo que finaliza su residencia, con plena ilusión, pero sin el bagaje y experiencia de quien ha de renunciar a venir por faltarle el requisito del catalán. Esta es  la realidad de lo que está pasando, que no nos engañen.

Para el caso del sanitario que ya está aquí y no tiene ese requisito reconocido es importante resaltar que no hay ni un solo profesional al que le falte una buena predisposición a escuchar al paciente en la lengua en la que prefiera ser atendido, incluso haciéndose ayudar si hace falta por algún colega local del hospital para ello. Las escasas reclamaciones (apenas 5 en total en muchísimos años) nos aclaran que ese no es un problema en la Sanidad. Incluso es más, los que necesitan expresarse en nuestra lengua local no tienen ningún reparo ni dificultad en entender las explicaciones que puedan recibir luego en castellano por parte de los sanitarios, pues no hay balear que no entienda correctamente el castellano.

La prueba palpable de lo que digo es el hecho de que se han tenido períodos donde el catalán no ha sido un requisito y, por tanto, tenemos a múltiples facultativos ocupando plaza sin tener ese requisito. El escasísimo número de reclamaciones evidencia que estos facultativos están realizando su tarea a plena satisfacción del paciente.

Y es que a nadie se le escapa que el que va al centro de salud o al hospital, lo que necesita es que le curen o le alivien su dolencia, no estando entre sus prioridades el enfrentarse a los sanitarios para exigirles que le hablen en catalán. Lo que quiere y necesita es un especialista capaz y preparado para que le cure.

Por eso está cada vez más claro que los que defienden que se les atienda exclusivamente en catalán, de manera que con ello justifican su exigencia de que el catalán sea un requisito para acceder al ejercicio de la sanidad pública, lo que pretenden realmente  es una imposición, pues en sus fines y objetivos están otras cuestiones que no son las propias del servicio público de la sanidad.

Estos fines y objetivos ya se han hecho públicos a través del partido político que más está apretando con este tema: el Referéndum de secesión para el 2.030, con Baleares como parte de los mal llamados Països Catalans. Ese y no otro es el problema, que no nos engañen.

La sociedad, que es la que manda, ya se ha cansado y se está movilizando. Con origen en Menorca ha llegado a Mallorca la inquietud de la sociedad civil, que reclama que dejen de jugar con esto. #MosMovem #EnMarcha #Let’sGo ha llegado para quedarse. Para bien de todos.

Y ante todo esto yo lo tengo claro: mérito si, requisito no. Que conste en acta.

Bruselas y el procés

http://www.elmundo.es/baleares/2017/12/02/5a22978122601d867a8b466a.html

Todo lo que está pasando me ha trasladado al pasado, a hace treinta años. En el soleado y luminoso Madrid de los ochenta, lo que para mí fueron tiempos de infancia y felicidad en la capital, en realidad eran los años del plomo del terrorismo de ETA.

Con el trascurrir del tiempo tuve conciencia de ello. Los simulacros de incendio del colegio en ocasiones no eran tales, sino que eran respuesta a la amenaza de bomba de turno. En la calle corríamos detrás del vehículo militar que hacía puntualmente la ronda de seguridad. Para nosotros, como niños, era un gran momento ver a esos soldados. Mirar debajo del coche o tomar medidas de precaución eran las pautas y gestos a seguir por los mayores.

En la segunda mitad de aquellos años ochenta, tocó mudanza a Bruselas. España había entrado en la OTAN hacía 3 años pero todavía no éramos miembros de la entonces Comunidad Europea, pues la entrada de España fue en 1986. La embajada española lanzó unas recomendaciones a los españoles allí afincados: quitar pegatinas y símbolos que identificaran los vehículos como españoles, además de tener que revisar los bajos de los coches.

Bélgica se había convertido por aquel entonces en santuario de terroristas de ETA huidos de la justicia. Un bufete de abogados se había especializado en técnicas jurídicas de peticiones de asilo para terroristas y de dilación de las extradiciones solicitadas por otros países europeos. Herri Batasuna decidió abrir una sucursal allí en Bruselas, que pasó a denominar herri enbaxada.

Hoy, casi treinta años después, escribo estas líneas porque todo esto me viene al recuerdo, como si fuera ayer, cuando veo que el ex president Puigdemont se ha marchado a Bruselas. He visto en la tele aquel mismo despacho de abogados que en los ochenta se dedicó a defender a los etarras huidos, hoy para defender a un ex president de la Generalitat al que se le imputan los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos, entre otros.

El colectivo de víctimas del terrorismo (COVITE) ha recordado en un hilo de su cuenta de Twitter el trabajo que realiza este despacho de abogados, que mantiene aún a fecha de hoy la defensa de terroristas etarras y la circunstancia de que, al mismo tiempo, está llevando la defensa de Puigdemont y sus ex consellers en el expediente de EuroOrden emitido por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Libre es el abogado de escoger a sus clientes a cambio de suculenta minuta. Lo que quiero resaltar es que el ex president pretende ser el adalid de la defensa de una mal entendida democracia cuando al mismo tiempo se hace valer de tácticas de defensa jurídica utilizadas por el entorno etarra. Y aún me sorprende más que esto no sea para sus seguidores motivo de reflexión profunda para preguntarse hacia dónde están llevando las cosas. En cualquier proyecto de vida una de las cosas más importantes es quién te acompaña. Y me pregunto: si cuando miran a su alrededor ven a Otegui y a gente de su entorno, ¿no les hace esto reflexionar seriamente? Parece que no, que al contrario parece que se embravuconan más aún si cabe. Y eso es lo que me sorprende y lo que me preocupa: que gente supuestamente de bien no se plantee estas cuestiones o que, habiéndoselas planteado, resuelvan que les da igual con tal de seguir en sus tesis de secesión y ruptura.

En Bruselas además están actuando bajo el paraguas de los partidos políticos extremistas flamencos, que apoyan lo que Puigdemont y los suyos están haciendo en España, pero que son incapaces de hacer lo mismo en su país, que es Bélgica. Claro, saben perfectamente las consecuencias judiciales que eso tendría para ellos.

Soy de los que está convencido de que con la Transición se había llegado a un punto de consenso y reconciliación en España donde todas las sensibilidades caben y son respetadas. Pero los hay que no piensan igual y que creen que pueden saltarse el Estado de Derecho, la Ley y la Constitución con tal de sacar adelante un proyecto distinto, que rompe con esa convivencia democrática. Y esto es tremendo.

Frente a esta situación, sobre todo desde el pasado 7 de septiembre (fecha de la ruptura de todo lo legal llevada a cabo en el Parlamento de Cataluña) no caben equidistancias. Hablan algunos de catalanistas frente a españolistas, pero no, por lo menos desde ese día 7 de septiembre ya no puede ser. Se trata de secesionistas frente al Estado de Derecho, la Ley y la Constitución. Y es que o se está con la Ley o se está fuera de la Ley. Que no nos engañen.

Me sorprende la nula conciencia y falta de conocimientos jurídicos de los líderes secesionistas y sus seguidores, que olvidan (o tal vez hacen caso omiso) el hecho de que están abocados a entrar en prisión por largo tiempo, pues las penas previstas en el Código Penal para estos delitos, que protegen bienes jurídicos colectivos, son de las más altas.

Y un añadido de mucha importancia: parece que para pagar todas estas cosas se están valiendo de dinero público previamente sustraído. Cesados y sin competencias por orden judicial, resulta que ahí siguen gastando el dinero de todos. La continuidad en el hecho delictivo es evidente.

Por si todo esto fuera poco resulta que los secesionistas catalanes ya nos avanzan que con su ruptura del resto de España su tarea no acaba, sino que han de seguir pues su proyecto de secesión incluye la anexión de Valencia y Baleares para crear lo que denominan els Països Catalans. Como lo oyen, clarito lo ha dicho el diputado Tardá en la primera cadena de televisión. Incluso estas tesis ya tienen eco aquí en Baleares, de la mano de partidos políticos locales como Més por Mallorca, que anuncia a bombo y platillo un referéndum sobre el tema para 2030. Por todo ello esta cuestión no nos va a ser ajena en absoluto en Baleares.

Ante todo este panorama por mi parte lo que siento no es rabia, ¡es vergüenza!